Las 19 víctimas de las vasectomías y abortos forzados descritos en la Historia 1 presentaron una demanda por daños contra el estado, décadas después de que se realizaran estos procedimientos. El 22 de octubre de 2014, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Gwangju desestimó las apelaciones tanto de los demandantes como del demandado, confirmando el fallo de indemnización del tribunal inferior tal como estaba. El tribunal inferior había dictaminado anteriormente que el estado debía pagar 30 millones de wones a cada uno de los nueve demandantes que se sometieron a vasectomías forzadas, y 40 millones de wones a cada uno de los diez demandantes que se sometieron a abortos forzados.
El caso llegó después a la Corte Suprema. En la sentencia 2014Da230535, dictada el 15 de febrero de 2017, la Corte rechazó el recurso del Estado y confirmó su responsabilidad. Determinó que las vasectomías y los abortos practicados sin base legal ni consentimiento libre y auténtico constituían un ejercicio ilícito del poder público. Las víctimas obtuvieron así, décadas después, una decisión firme sobre la responsabilidad estatal.